El martes la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), que nuclea a más de 400 centros de diálisis en todo el país, informó que las entidades y clínicas que brindan este servicio han llegado a una situación de “absoluto desfinanciamiento”, y que la prestación del servicio para el tratamiento de más 30 mil pacientes se encuentra “en riesgo de poder continuar”. Pese a esta amenaza, en Misiones garantizan la atención y el servicio de diálisis a los pacientes tanto de PAMI como del Incluir Salud (ex ProFe).

En dicha denuncia, el presidente de CADRA, Darío Zapata, detalló que se llegó a esta situación “debido a una deuda de más de 500 millones de pesos que desde mayo mantiene el programa Incluir Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, y porque los valores de las módulos no se han actualizado desde setiembre de 2016, y hoy esos valores no alcanzan para cubrir las prestaciones”. A esto hay que sumarle que “PAMI adeuda tres meses del denominado incentivo de calidad, que constituye un 15% del módulo de la prestación, lo que significa unos 45 millones de pesos”.

No obstante, la realidad en Misiones es otra. En uno de los centros de diálisis de esta ciudad indicaron que no hay normativas de cesar la atención de los pacientes y que PAMI es una de las obras sociales que más cumple con los pagos. Sí reconocieron demoras por parte del Incluir Salud pero que, pese a esto, no hay orden de suspender los tratamientos. Además de que hacerlo implicaría un riesgo de vida para los pacientes que deben hacerse diálisis semanalmente.