En la misma sesión, y sobre el mismo proyecto, se facultó a la Gobernación a implementar cambios en una serie de leyes para dar cumplimiento a ese acuerdo.
La ley fue aprobada por 33 diputados, miembros del bloque del Frente Renovador y del interbloque Cambiemos. Se opusieron a la norma el renovador Lucas Cácerez, y los cuatro diputados del Partido Agrario y Social (Isaac Lenguaza, Martín Sereno, Carlos Goring y Giuliana Perini). En tanto, se ausentaron los diputados de Trabajo y Progreso, Víctor Kreimer, y el Frente UNA, Silvia Rojas.
Los que aprobaron el proyecto centraron su argumentación en la necesidad de brindar gobernabilidad, tomar medidas tendientes a generar puestos de trabajo y mejorar la competitividad. Los que se opusieron centraron sus fundamentos en lo que pierde la Provincia modificando sus impuestos y en la desconfianza de que la Nación cumpla con lo pactado en materia de compensaciones.

La ley aprobada
El proyecto convertido en ley aprueba el consenso fiscal que pretende fijar normas comunes entre Nación y provincias para armonizar las estructuras tributarias con el fin de promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico y políticas uniformes. Pretende una solución integral y realista a los conflictos judiciales entre las jurisdicciones y emprender el diálogo que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal.
Se faculta al Ejecutivo provincial a modificar las alícuotas del impuesto a los sellos y a distribuir a los municipios una serie de compensaciones que enviará la Nación para equilibrar las cuentas.
Estas modificaciones, que están pactadas con porcentajes y plazos, generarán una caída de los recursos provinciales, que serán compensados por el gobierno nacional a través de fondos enviados de forma directa a las arcas provinciales.
Por esto, se faculta al Ejecutivo para establecer un mecanismo de distribución de esos recursos que provendrían de asignaciones específicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la recaudación del impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria. Esos fondos deberán ser destinados a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial.
También queda facultado a establecer la distribución a los municipios de cualquier otro tributo nacional que se cree por Ley de La Nación, pero los municipios deberán antes adherir a la Ley VII -N° 52 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Para el Ejecutivo, según los argumentos del proyecto, “se trata de un acuerdo histórico llevado adelante en una atmósfera de diálogo y consenso que pretende dar una solución realista e integral a las diversas cuestiones indicadas, tarea en la que los representantes de nuestra provincia, previamente a la firma por este Poder Ejecutivo, tuvieron en cuenta las premisas de defensa del mejor interés de los misioneros, con una oposición constructiva y sustento a la gobernabilidad nacional”.