Un polémico proyecto de ley busca terminar con la obligatoriedad de las vacunas.
La iniciativa propone que tanto quienes deban vacunarse como los adultos responsables de un menor reciban información.
La iniciativa propone que tanto quienes deban vacunarse como los adultos responsables de un menor reciban información sobre los posibles riesgos que la inoculación de las vacunas implica y puedan aceptar o no ese acto médico. "No vacunar a un niño implica un riesgo social", opinaron los especialistas.Aunque para algunos parece una controversia cuando menos insólita, la importancia de las vacunas y la inmunización se constituyó en el último tiempo en uno de los debates más importantes en materia de salud del siglo XXI. Sin embargo, la discusión transgredió en los últimos años los lÃmites de la ciencia y se convirtió en un tema polÃtico, legal y hasta filosófico.
Con el surgimiento de una corriente de pensamiento crÃtica de las vacunas se comenzó a consolidar un grupo importante de padres que prefieren pasar por alto los procesos de inmunización de sus hijos. Estados Unidos –uno de los paÃses con la situación más crÃtica respecto de este movimiento– vio resurgir en 2014 epidemias de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa (erradicadas en el paÃs desde 2002 y 1970, respectivamente) con más de 20.000 afectados.
Las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica y biológicos que conllevan un riesgo, fundamenta el proyecto
Si bien en la Argentina todavÃa no hay un movimiento anti-vacunas consolidado, un polémico proyecto de ley puso el tema en debate.
La autora de la iniciativa, que ahora giró a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, es diputada de Unión Pro Paula Urroz.
En su artÃculo 1, el citado proyecto propone que "las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el CapÃtulo III de la Ley 26.529″.
Asimismo, la iniciativa establece que "en los lugares públicos y privados donde se suministren vacunas de cualquier tipo deberá exhibirse de forma visible un cuadro informativo donde se advierta sobre las contraindicaciones para la aplicación de las vacunas".
Y aclara que "en caso de presentarse efectos adversos de cualquier naturaleza, el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de denunciarlos ante la SecretarÃa de Salud".
Entre los fundamentos de su proyecto, Urroz establece que "las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehÃdo, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético".
Fuente-infobae.
