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Desalojo irregular en Garupá: Denuncian parálisis en el pedido de juicio político y omisión de antecedentes de un exjuez provincial

El abogado Marcelo Subizar denunció en Radio Tacuarí graves irregularidades en el desalojo y demolición de casas de ocho familias en Garupá, apuntando contra la demora en el juicio político y la omisión de antecedentes del exjuez interviniente.

Desalojo irregular en Garupá: Denuncian parálisis en el pedido de juicio político y omisión de antecedentes de un exjuez provincial

El abogado Marcelo Subizar denunció en Radio Tacuarí graves irregularidades en el desalojo y demolición de casas de ocho familias en Garupá, apuntando contra la demora en el juicio político y la omisión de antecedentes del exjuez interviniente.

Denuncian graves irregularidades en un desalojo en Garupá y cuestionan la falta de control sobre el accionar judicial

En diálogo con el programa "Habla Misiones" de Radio Tacuarí / Tacuarí Digital, el abogado Marcelo Subizar relató el trasfondo de un resonado desalojo contra ocho familias en Garupá, apuntando contra la demolición de viviendas ordenada verbalmente por un magistrado y el bloqueo de las denuncias posteriores.

Una orden de demolición telefónica y un expediente revertido 

Durante la entrevista, el letrado Marcelo Subizar expuso los detalles de una causa originada en Garupá, donde ocho familias fueron desalojadas y sus propiedades destruidas con topadoras. Según explicó, la medida fue dispuesta originalmente por el entonces juez de Instrucción Cardozo bajo la figura penal de usurpación, pasando por alto que los habitantes contaban con documentación respaldatoria y un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) en trámite tras 20 años de posesión.

"El juez emite una resolución de orden de desalojo que ni siquiera había pedido el denunciante. Luego, cuando manda la orden de allanamiento, llama por teléfono al comisario encargado y le dice: 'Destruya todo'. En el acta del allanamiento figura que el comisario le advirtió hasta tres veces que esa gente tenía papeles, pero el magistrado insistió en que destruyera todo", detalló Subizar ante los micrófonos de Tacuarí Digital.

El abogado subrayó que, tras apelar la medida, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución en apenas una semana al considerar que las actuaciones del expediente eran totalmente irregulares e improcedentes.

Juicio político paralizado y omisión de antecedentes 

A raíz de la contradicción entre lo escrito en el expediente y la orden impartida de forma verbal, la defensa impulsó un pedido de juicio político para destituir al magistrado, además de radicar una denuncia penal por abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) y solicitar la intervención de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.

Sin embargo, Subizar cuestionó que el proceso permaneció cajoneado durante más de tres años, contrastando esta demora con otros casos de la provincia que se resolvieron en pocos meses. Asimismo, denunció que mientras el magistrado concursaba para ocupar un cargo en la Justicia Federal de Iguazú, las instituciones provinciales omitieron remitir estos antecedentes tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo de la Nación, permitiendo que finalmente asumiera como juez federal y cerrando de hecho la vía del juicio político provincial.

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