El Gobierno apuesta todo al "Super RIGI" en su nuevo paquete de leyes
La Casa Rosada enviará el proyecto al Congreso con el objetivo de profundizar los incentivos para grandes capitales. Buscan reactivar la economía a través de fuertes beneficios impositivos.
El Gobierno nacional confirmó el envío al Congreso de un nuevo paquete de reformas legislativas que incluirá proyectos vinculados a ludopatía, inversiones, lobby y etiquetado frontal. La iniciativa fue definida tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y representa la tercera tanda de proyectos impulsados por el Ejecutivo desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias.
El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso cuatro nuevos proyectos de ley que incluyen una Ley de Ludopatía, el denominado Super RIGI, una Ley de Lobby y modificaciones a la Ley de Etiquetado Frontal. La decisión terminó de definirse durante una reunión encabezada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizada el miércoles por la mañana en la Quinta de Olivos.
De esta manera, el Poder Ejecutivo concreta el envío del tercer paquete de reformas desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias de este año. El anuncio había sido anticipado días atrás y finalmente fue confirmado por Adorni a través de su cuenta oficial en la red social X.
“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó el funcionario minutos después de las 17 horas.
El mensaje fue difundido luego de una serie de reuniones mantenidas en Casa Rosada. Previamente, Adorni había participado de un encuentro junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La reunión se extendió durante aproximadamente una hora.
Además, el jefe de Gabinete se trasladó a la Residencia Presidencial de Olivos para acordar con Milei el orden de prioridades que tendrán las iniciativas legislativas que el Ejecutivo busca impulsar en ambas cámaras del Congreso.
Entre los proyectos, el que aparece como principal prioridad es el denominado Super RIGI, una versión ampliada del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que había sido aprobado junto con la Ley Bases.
La nueva iniciativa apunta a generar incentivos para atraer industrias que actualmente no operan en la Argentina. Entre los principales beneficios previstos se incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, una amortización acelerada de inversiones —60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero— y la eliminación total de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción.
Asimismo, el proyecto limitará el cobro de Ingresos Brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5% y prohibirá que los municipios establezcan tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.
Otro de los proyectos anunciados es la Ley de Ludopatía. Aunque el tema había sido impulsado por la oposición durante 2025 y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, desde La Libertad Avanza habían cuestionado la redacción original de la iniciativa.
El proyecto debatido anteriormente proponía fuertes restricciones a la publicidad de las casas de apuestas, jornadas educativas sobre ludopatía, regulaciones para los medios de pago, límites diarios de gasto y un endurecimiento de las penas para titulares de plataformas de apuestas que incumplieran la normativa.
Desde la Casa Rosada aclararon en ese momento que el objetivo no era prohibir la publicidad de las apuestas, sino regular el acceso de menores a las plataformas digitales y prevenir la adicción al juego entre jóvenes.
En paralelo, el Gobierno también anunció una reforma de la Ley de Etiquetado Frontal. La propuesta buscará reducir o incluso eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases de alimentos.
Además, el proyecto habilitaría nuevamente el uso de dibujos animados, celebridades y figuras deportivas como herramientas de marketing en productos alimenticios, recursos actualmente prohibidos por la legislación vigente.
La iniciativa también prevé modificar los criterios de cálculo de nutrientes críticos que determinan la presencia de sellos de advertencia y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la aplicación de la norma.
Por otra parte, una de las propuestas más novedosas impulsadas por el oficialismo es la denominada Ley de Lobby, destinada a transparentar la actividad de incidencia sobre políticas legislativas y decisiones públicas.
La iniciativa es promovida especialmente por sectores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo y toma como referencia el modelo vigente en Estados Unidos, donde el lobby o “cabildeo” se encuentra regulado legalmente y es considerado una herramienta legítima para enriquecer el debate político e institucional.
En Chile, por ejemplo, la Ley 20.730 establece la obligatoriedad de registrar y publicitar la actividad de lobby, definiéndola como la gestión profesional de intereses ante funcionarios públicos para influir en decisiones, políticas o programas. La normativa exige informar reuniones, intereses representados, asistentes y una síntesis de los temas abordados.
En Argentina, antecedentes vinculados a la regulación de la actividad aparecen en el decreto 1172 de 2003 sobre Acceso a la Información Pública. Según se menciona en los fundamentos de esa norma, “la publicidad de la Gestión de Intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información”.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo paquete legislativo busca avanzar con reformas estructurales orientadas a atraer inversiones, reducir regulaciones y modernizar distintos aspectos del funcionamiento económico e institucional del país.
