Buscan bajar el IVA del agua para abaratar las facturas residenciales
La propuesta legislativa apunta a reducir la carga impositiva sobre el consumo de agua potable. El objetivo es igualar su tributación con la de los alimentos de primera necesidad.
Hay una pregunta que el sistema tributario argentino no termina de responder desde 1997 ¿por qué el agua potable paga el mismo IVA que una heladera?
El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley para bajar la alícuota del IVA sobre la provisión de agua regulada por medidor del 21% al 10,5% para los usuarios domiciliarios.
La iniciativa es técnicamente sencilla, tiene un solo artículo que incorpora un inciso a la ley vigente que regula el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero pone el foco sobre una asimetría que atraviesa la arquitectura del impuesto más recaudatorio del Estado nacional.
La alícuota general del IVA se fijó en el 21% en 1997 y se mantiene sin modificaciones hasta la actualidad. Desde entonces, el artículo 28 de la ley del tributo fue incorporando excepciones a esa regla general como las carnes, frutas, verduras, medicamentos, libros y transporte de pasajeros, que hoy pagan el 10,5%. Algunos productos de la canasta básica llegaron al 0% por decreto en 2019. El agua potable nunca entró en ninguna de esas categorías.
La alícuota del 10,5% se aplica a bienes de capital y productos de primera necesidad, con el objetivo de reducir la carga fiscal sobre esenciales y fomentar la inversión productiva. El agua, que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano fundamental en 2010, resolución a la que Argentina adhirió, quedó fuera de esa lógica y tributa al mismo nivel que los bienes de consumo general.
Por qué el IVA golpea más a los que menos tienen
El proyecto de Herrera Ahuad recupera un debate clásico de la economía fiscal, la regresividad del IVA. El IVA está estrechamente vinculado con la venta de bienes muebles y servicios. Sobre el precio de venta se aplica una alícuota que se traslada siempre de manera directa o indirecta al consumidor.
Esa mecánica tiene una consecuencia directa en la distribución del ingreso. A igual alícuota, el impuesto representa una porción mayor del presupuesto familiar en los hogares de menores ingresos. Con el agua, esa regresividad se potencia porque se trata de un servicio cuyo consumo mínimo es biológicamente inelástico, ya que una familia no puede reducirlo por debajo de ciertos umbrales sin afectar la salud de sus integrantes, independientemente de su capacidad económica.
La reducción al 10,5% que propone la iniciativa implicaría trasladar a la factura de cada hogar un alivio equivalente a 10,5 puntos porcentuales sobre el valor del servicio. En términos relativos, ese ahorro representaría una proporción mayor del ingreso disponible de las familias con menos recursos, lo que convierte a la medida en un instrumento redistributivo incorporado en la estructura del propio tributo, sin necesidad de crear regímenes de subsidio adicionales.
El costo fiscal y el argumento de la gradualidad
El propio proyecto reconoce la tensión entre la corrección de la asimetría y el contexto de consolidación fiscal que atraviesa el país. El texto señala que "cada punto de IVA que se rebaje tiene impacto en la recaudación", pero plantea que la norma "viene de la década del noventa del siglo pasado" y que analizarla gradualmente "podría ayudar".
El IVA es la principal fuente de recaudación impositiva del Estado nacional. Cualquier modificación de alícuotas tiene, por tanto, impacto directo en las cuentas públicas. La iniciativa no incluye una estimación del costo fiscal de la rebaja entre sus argumentos, pero desde el entorno del Legislador misionero estimaron que la afectación rondaría entre el 0,01% y el 0,02% del PBI. Esto, alcanzando al 60% de los usuarios de este servicio, que son los de uso domiciliario. Los grandes usuarios (industrias o distribuidoras), en el inicio, mantendría la alícuota original.
La propuesta llega en un momento en que las tarifas de agua potable están en proceso de actualización. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento estableció a partir de enero de 2026 un proceso de convergencia tarifaria con incrementos mensuales. En ese escenario de tarifas en suba, una reducción del IVA operaría como un amortiguador parcial del impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales.
