Régimen Penal Juvenil: Diputados aprobó bajar la imputabilidad a los 14 años

Con 149 votos a favor, el oficialismo y bloques aliados dieron media sanción al proyecto que establece penas de hasta 15 años de prisión para menores que cometan delitos graves

Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el Gobierno, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El proyecto ahora pasa al Senado, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de familiares de víctimas en los palcos.

El oficialismo logró este jueves la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto, fue aprobado en general con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, tras un debate extenso y atravesado por fuertes tensiones políticas.

La votación reflejó una alianza amplia de bloques que acompañaron al Gobierno. Además de La Libertad Avanza, respaldaron la iniciativa el PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz, entre otros espacios provinciales. En contraposición, el peronismo logró sostener la unidad para rechazar el proyecto en la votación en general.

En la antesala de la sesión, legisladores del Frente Renovador habían dejado trascender la posibilidad de acompañar en particular el artículo que fija la imputabilidad desde los 14 años, en línea con una posición histórica del espacio, que en 2015 había presentado un proyecto de Código Penal con ese mismo límite etario. Sin embargo, el oficialismo propuso votar los artículos por capítulos y a mano alzada, lo que terminó diluyendo esa posibilidad y llevó al massismo a no acompañar ningún tramo de la iniciativa.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no se limita a la baja de la edad de imputabilidad. Entre sus puntos centrales, establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos considerados graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. Para los delitos cuya escala penal sea inferior a los 10 años de prisión, el proyecto prevé un abanico de sanciones alternativas, entre ellas amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones para concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

La iniciativa también pone el foco en el sistema de ejecución de las penas. Se contempla la creación de institutos especiales destinados a menores condenados, en los que deberán garantizarse el derecho a la educación, el acceso a atención médica y tratamientos específicos en casos de adicciones. El texto establece que todo el personal de estos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia y fija de manera expresa la prohibición absoluta de cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad.

Otro de los aspectos incorporados es la posibilidad de aplicar la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, siempre con intervención obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima. En esa misma línea, el proyecto introduce un reconocimiento explícito del rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando correspondan.

Durante la apertura del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado cuestionó el régimen vigente, sancionado en 1980, al afirmar que “no previene, no resocializa y no repara”, además de no brindar respuestas adecuadas a las víctimas. La legisladora sostuvo que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió hace años pero que nunca fueron plasmados en una normativa específica.

Rodríguez Machado, quien además preside la Comisión de Legislación Penal y fue la miembro informante del proyecto, remarcó que el régimen actual deja a numerosos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas claras de resocialización, y advirtió que esa situación termina favoreciendo la captación de adolescentes por parte de organizaciones criminales. En ese sentido, destacó que el texto final fue el resultado de más de un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, donde se analizaron más de veinte proyectos y expusieron más de treinta especialistas.

Desde el peronismo, las críticas apuntaron a la falta de un abordaje integral del problema. Juan Grabois cuestionó el enfoque del proyecto al señalar: “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, y sostuvo que el debate debería centrarse en la salud mental y los consumos problemáticos. En la misma línea, reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas y aseguró que “las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”.

También el diputado Juan Carlos Molina expresó reparos al plantear: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos?”. Del lado del oficialismo, Santiago Santurio defendió la iniciativa al afirmar que “no va a ser la solución definitiva”, pero sí una respuesta para los jóvenes que cometen delitos graves y para las víctimas. “Es una función prioritaria del Estado”, sostuvo.

El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Entre los presentes estuvieron Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, asesinado en Santa Fe, además de referentes de organizaciones como Madres del Dolor y Usina de Justicia, junto a familiares de otros casos emblemáticos de distintas provincias.

En la versión final del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo que detalla los aportes presupuestarios necesarios para la implementación del nuevo régimen penal. El monto total asciende a $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 estarán destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación. La inclusión de este punto respondió a la presión de los gobernadores, que habían advertido que no acompañarían la iniciativa si los costos recaían exclusivamente sobre las provincias.

Sobre este punto, Miguel Ángel Pichetto apoyó la baja de la punibilidad a los 14 años, aunque advirtió que sin inversión en infraestructura adecuada y educación, la medida corre el riesgo de quedar en una consigna. “Sin inversión es solo humo para la tribuna”, sostuvo. Minutos antes de la votación, Rodríguez Machado aclaró que la redacción de algunos artículos fue ajustada para evitar interpretaciones ambiguas respecto de la prohibición absoluta de alojar a menores en establecimientos junto a presos mayores de edad.